La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha dado un paso crucial en su compromiso con la seguridad de los sistemas informáticos judiciales mediante la creación de la Oficina de Ciberseguridad, un ente encargado de combatir las amenazas en el entorno digital y garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos del tribunal.

A través de la Acordada N° 32/2023, emitida el 2 de noviembre, la Corte Suprema estableció esta nueva dependencia que operará bajo la órbita de la Dirección de Sistemas. La misión de la Oficina de Ciberseguridad es gestionar la seguridad del tribunal, priorizando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y sistemas, a través de una gestión proactiva frente a amenazas cibernéticas y promoviendo una cultura sólida de seguridad informática.

Entre las funciones fundamentales de esta flamante entidad se encuentran la supervisión y protección de la infraestructura tecnológica para detectar, prevenir y neutralizar actividades maliciosas mediante un monitoreo constante. Además, se encargará de realizar una evaluación continua de vulnerabilidades y riesgos, diseñando e implementando estrategias para mitigarlos. La Oficina también instrumentará programas de capacitación y concientización para el personal, promoviendo prácticas seguras en el uso de tecnologías.

Los objetivos de la Oficina de Ciberseguridad son variados e incluyen el desarrollo de estrategias proactivas para prevenir ataques y brechas de seguridad, la creación de instancias de formación interna basadas en las mejores prácticas y tendencias disponibles, el aseguramiento del alineamiento de las operaciones y sistemas con la normativa vigente y la implementación de protocolos claros y efectivos para una respuesta rápida ante eventuales incidentes.

En sus considerandos, los ministros de la Corte Suprema enfatizaron la responsabilidad de la institución como custodia de información crítica y sensible en garantizar la resiliencia y protección de sus sistemas informáticos frente a cualquier amenaza cibernética. Asimismo, destacaron que la supervisión de la operatividad, seguridad y resiliencia de los sistemas informáticos del Máximo Tribunal es fundamental para garantizar el acceso efectivo a la justicia, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y fortalecer el Estado de Derecho en un entorno digital.

La decisión de crear la Oficina de Ciberseguridad se tradujo en la disposición de ubicarla bajo la órbita de la Dirección de Sistemas y en la designación de un funcionario con categoría de Subdirector para liderarla.

El anexo de la Acordada estableció como misión de la nueva oficina la gestión proactiva de la seguridad cibernética de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, promoviendo una cultura robusta de seguridad informática.

Las funciones de la Oficina de Ciberseguridad abarcan:

  1. Supervisión y Protección: Realizar un monitoreo constante de la infraestructura tecnológica para detectar, prevenir y neutralizar actividades maliciosas.
  2. Gestión de Riesgos: Llevar a cabo una evaluación continua de vulnerabilidades, diseñando e implementando estrategias para mitigar los riesgos.
  3. Capacitación y Concientización: Implementar programas educativos para el personal que fomenten prácticas seguras en el uso de tecnologías y conciencia sobre amenazas emergentes.
  4. Respuesta a Incidentes: Establecer un protocolo de acción rápida y coordinada ante cualquier brecha o ataque de seguridad.
  5. Cumplimiento Normativo: Asegurar que se cumplan las regulaciones, leyes y estándares nacionales e internacionales en materia de ciberseguridad.
  6. Evaluación de Proveedores: Revisar y verificar que los proveedores tecnológicos cumplan con los estándares de seguridad requeridos.
  7. Normativas Internas: Crear, revisar y actualizar políticas y requisitos internos de seguridad informática.

Asimismo, la Oficina de Ciberseguridad se ha propuesto objetivos que incluyen la prevención, la formación continua, el cumplimiento de normativas específicas y la capacidad de respuesta eficaz.

La Corte Suprema ha reconocido la trascendencia de la ciberseguridad en el ámbito nacional e internacional y ha subrayado la importancia de establecer lazos de cooperación y alianzas estratégicas con organismos y entidades especializadas, tanto a nivel nacional como internacional, para fortalecer las capacidades defensivas y de respuesta del tribunal.

Si bien la creación de la Oficina de Ciberseguridad por parte de la Corte Suprema es un paso significativo en la protección de datos críticos, en un contexto donde los ataques informáticos han sido recurrentes y la infraestructura judicial es deficiente, surgen preocupaciones sobre la implementación efectiva de esta medida y su capacidad para enfrentar desafíos pasados y futuros.