En la era digital actual, el ciberespacio se ha convertido en una infraestructura esencial para el desarrollo económico, social y político de las naciones. Desde la gestión de servicios públicos hasta la operación de infraestructuras críticas, las tecnologías digitales son la columna vertebral de la vida moderna. Sin embargo, este avance tecnológico también ha traído consigo un aumento exponencial de los ciberdelitos y las amenazas cibernéticas.

Las amenazas en el ciberespacio son diversas y sofisticadas, abarcando desde ataques de ransomware que paralizan sistemas críticos, hasta campañas de phishing que buscan robar información personal y financiera. Los actores detrás de estas amenazas varían desde ciberdelincuentes individuales y organizaciones criminales hasta actores estatales y grupos patrocinados por estados que buscan ventajas estratégicas y económicas. La naturaleza transnacional del cibercrimen complica aún más la respuesta y coordinación de esfuerzos, ya que los ataques pueden originarse desde cualquier lugar del mundo y causar un impacto global.

En este contexto, el Plan Federal de prevención de Ciberdelitos y gestión estratégica de la Ciberseguridad (2025-2027) se presenta como una iniciativa estratégica fundamental para enfrentar los desafíos actuales y futuros en materia de ciberseguridad, garantizando la protección de los derechos y libertades individuales en el ciberespacio. Este plan busca coordinar esfuerzos a nivel federal, mejorar las capacidades de respuesta y prevención, y fomentar una cultura de ciberseguridad entre todos los actores involucrados.

Estado de situación

El Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, diseña y coordina estratégicamente las acciones de las fuerzas policiales y de seguridad en materia de lucha contra la ciberdelincuencia. Sin embargo, estas acciones se encuentran limitadas por diversos factores, entre los que se destacan:

  1. Reconocimiento del ciberdelito como asunto de Estado: Es imperioso reconocer el impacto de este tipo de actividades criminales en nuestra sociedad y su incidencia en la seguridad nacional. Esto requiere una activa articulación de los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), así como la participación de las 23 jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  2. Evaluación del grado de madurez en materia de lucha contra la ciberdelincuencia: Es necesario realizar una profunda evaluación sobre el estado de la infraestructura tecnológica, la capacitación del personal y los procedimientos internos vinculados con esta temática. Esto permitirá establecer indicadores y métricas de desempeño para medir la eficiencia del esfuerzo realizado.
  3. Fortalecimiento de los recursos humanos y herramientas tecnológicas: El Estado Nacional debe promover el fortalecimiento de las capacidades en materia de investigación y lucha contra el ciberdelito, fomentando el uso de herramientas tecnológicas altamente especializadas para la obtención y análisis de evidencias digitales.
  4. Fomento de la especialización de los equipos de respuesta: Es necesario contar con equipos de respuesta altamente especializados en diferentes temáticas, con una sólida formación técnica profesional y la adopción de metodologías alineadas con estándares internacionales.
  5. Adecuación y actualización de la normativa vigente: El ciberdelito evoluciona permanentemente, por lo que es necesario evaluar y actualizar el marco normativo, considerando la incorporación de herramientas especiales de investigación y prevención.
  6. Promoción de una conducta preventiva y proactiva: La implementación de campañas de comunicación y sensibilización es crucial para mantener alerta a la población sobre los riesgos cibernéticos y prácticas seguras en línea.
  7. Incremento de la cooperación asimétrica: La lucha contra la ciberdelincuencia requiere la colaboración activa entre el Estado Nacional, la ciudadanía, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas.
  8. Ampliación y profundización de la cooperación internacional: La supraterritorialidad del cibercrimen hace que la cooperación internacional sea esencial para la prevención e investigación de los ciberdelitos.

Principios rectores

El Plan Federal se basa en los siguientes principios rectores:

  1. Derechos y libertades individuales: Las acciones en materia de investigación y lucha contra el ciberdelito deben respetar los derechos y libertades individuales establecidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
  2. Conducción y liderazgo: El Ministerio de Seguridad asume la conducción y propone las tareas a proyectar y articular con los pares provinciales e internacionales, así como con organismos multinacionales, universidades, sociedad civil y sector privado.
  3. Proactividad y prevención integral: Se busca diseñar una estrategia proactiva que permita identificar de forma temprana actividades criminales relacionadas con delitos ciberasistidos, así como concientizar a las comunidades sobre los riesgos cibernéticos.
  4. Eficacia y eficiencia: Todas las acciones y medidas implementadas deben ser efectivas en la prevención, detección, respuesta e investigación de incidentes cibernéticos, maximizando el uso de los recursos disponibles.

Objetivos

El Plan Federal tiene como objetivo general garantizar el uso seguro del ciberespacio para proteger los derechos y garantías reconocidos en la normativa vigente para los habitantes de la República Argentina. Para ello, se establecen los siguientes objetivos específicos:

  1. Coordinación Federal en materia de lucha contra el ciberdelito: Realizar un análisis integral del ciberdelito como fenómeno criminal y su impacto en nuestro país, fortaleciendo la estructura orgánica y funcional del Centro de Sinergia Cibernética de las fuerzas policiales y de seguridad federales (CS5).
  2. Fortalecimiento y capacitación altamente especializada: Planificar y desarrollar cursos, talleres y ejercicios destinados al personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales, incrementando sus capacidades operativas en materia de respuesta y lucha contra la ciberdelincuencia.
  3. Actualización del marco normativo: Promover la actualización del marco jurídico vigente, fortaleciendo las normas, estandarización de procesos, procedimientos y protocolos vinculados a la ciberseguridad y la investigación del ciberdelito.
  4. Incremento de las capacidades en materia de análisis forense digital: Fomentar la capacitación del personal especializado en análisis forense digital, promoviendo el desarrollo de las capacidades del personal encargado del manejo y gestión de evidencias digitales.
  5. Cooperación Internacional: Ampliar el desarrollo de acuerdos a nivel regional e internacional que incrementen la colaboración en materia de prevención, respuesta e investigación de ciberdelitos.
  6. Protección de la niñez: Incrementar las alianzas y esfuerzos para la detección e investigación de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la comunicación e información, en particular aquellos dirigidos contra la infancia e integridad sexual de las niñas, niños y adolescentes.
  7. Acciones de concientización y prevención del ciberdelito: Diseñar capacitaciones y material destinado a sensibilizar a los diferentes sectores y a la comunidad en general sobre los riesgos cibernéticos y cómo prevenirse ante la posibilidad de ser víctimas de cibercriminales.
  8. Cooperación Multisectorial: Incrementar la colaboración público-privada, haciendo hincapié en el sector financiero y los proveedores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones.

El Plan Federal de prevención de ciberdelitos y gestión estratégica de la Ciberseguridad (2025-2027) representa un avance significativo en la lucha contra la ciberdelincuencia en Argentina. A través de un enfoque integral y colaborativo, este plan busca fortalecer las capacidades de prevención, detección e investigación de los ciberdelitos, promoviendo una cultura de ciberseguridad que proteja los derechos y libertades individuales en el ciberespacio.

El éxito en la lucha contra el cibercrimen depende de la colaboración y el compromiso de múltiples partes interesadas, incluyendo el sector público y privado, las instituciones académicas, la sociedad civil y los usuarios individuales. Solo a través de un enfoque integral y coordinado se podrá construir un entorno digital seguro, confiable y resiliente para proteger a la sociedad en su conjunto.

Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/319722/20250116