Autor: Susana B. García para CIBERPRISMA
Moratoria sobre la venta, transferencia y empleo de las tecnologías de vigilancia
A mediados de 2019, David Kaye, Relator Especial sobre libertad de opinión y expresión, solicitó a Naciones Unidas la implementación de una moratoria inmediata que prohiba la venta, transferencia y empleo de tecnologías de vigilancia hasta que se diseñe un mecanismo efectivo que garantice la protección de los derechos humanos.
“El empleo y comercialización de herramientas de vigilancia puede interferir con la protección de los derechos humanos…y aún así no están sujetas a ningún mecanismo de control nacional o internacional efectivo»
DAvid Kaye, Relator especial de Naciones Unidas
Te resumimos los principales argumentos presentados por Kaye en su informe:
A pesar que la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante Resolución 68/167 y 71/99, ha condenado el empleo ilícito o arbitrario de tecnologías de vigilancia y de interceptación de comunicaciones, calificándolos como «actos altamente intrusivos» que interfieren con los derechos humanos, el empleo de estas tecnologías continúa sin que nadie ejerza el debido control sobre ellas.
El mercado de estas tecnologías está inmerso en el más profundo secreto. El conocimiento de abuso en su empleo para perseguir ciudadanos individuales, particularmente periodistas, activistas políticos, opositores y críticos a un gobierno determinado, es generado por la acción del trabajo de forensia digital de investigadores en organizaciones no gubernamentales y las denuncias presentadas por las organizaciones de la sociedad civil y los medios.
El sector privado especializado en este tipo de productos está en permanente crecimiento y sus actividades se acercan a «la impunidad». Según datos de Privacy International, en 2016 existían aproximadamente 500 empresas que desarrollaban y comercializaban productos con alegados fines gubernamentales.
El informe hace foco en las tecnologías que permiten a un actor determinado acceder de manera subrepticia a comunicaciones digitales, datos de navegación, información relacionada con investigaciones o productos, historial de geolocalizaciones y actividades online u offline. Entre ellas menciona:
– Intrusión a Computadoras y Redes – En 2017 un activista etíope, que vivía en Maryland, EEUU, brindaba asistencia a sus conciudadanos que eran parte de la diáspora de Etiopía. Agentes del gobierno africano infectaron su computadora con un código malicioso (malware) conocido como FinSpy y comercializado por Gamma Group, una empresa germano-británica.
– Intrusión a Dispositivos Móviles – En 2015, mediante el spyware Pegasus de la firma israelí NSO Group, se infectaron dispositivos móviles de numerosos ciudadanos mexicanos (periodistas, investigadores, org de DDHH) que denunciaban la corrupción y el narcotráfico, para vigilar sus actividades de forma remota. Según CitizenLab este software se utiliza en más de 45 países para vigilar individuos, entre ellos Bahrain, Arabia Saudí, Togo, Reino Unido y EEUU.
– También menciona otras tecnologías como la Ingeniería Social, la Vigilancia de Red, Reconocimiento Facial, etc.
Otro de los temas que se señalan en el Informe es la controvertida relación que existe entre los Estados y el sector privado en torno a las tecnologías de vigilancia. Los Estados no sólo utilizan este tipo de tecnologías para tareas de seguridad sino que, en el caso de gobiernos autoritarios, resulta difícil trazar una línea en cuanto al empleo dentro del marco de la ley y del respeto a los derechos humanos.
Fuenteshttps:
//www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/E0C614D73F037CAD852580E3004EE648/$file/16-7081-1665840.pdf
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